Si tenemos algún reto crucial para lograr un futuro sostenible ese es reducir las desigualdades entre las personas.
La desigualdad tiene muchas caras. El género, el origen étnico o el nivel socioeconómico son algunos de los principales ejes en los que se articula la desigualdad, al menos los más conocidos.
Pero también se producen desigualdades entre los territorios de un mismo país o entre las personas por su aspecto físico. Ni que decir entonces de la desigualdad y la discriminación que sufren las personas con discapacidad.
Para ser un país comprometido con la libertad, tenemos inevitablemente que garantizar que cualquier persona puede desarrollarse con dignidad más allá de su origen, su identidad o sus capacidades.
Este camino no es sencillo. Solo identificar los principales motivos de la desigualdad es un trabajo arduo que afrontar con honestidad.
Desde el Instituto Lectura Fácil defendemos que el camino de la reducción de las desigualdades debe abordarse de forma progresiva, identificando los espacios que de conquistarse para la causa de la igualdad, generarían una reacción capaz de amplificar y reforzar los esfuerzos.
En esta lógica, lo primero es garantizar la igualdad de acceso a los bienes y servicios públicos, y el ejercicio de derechos.
Lo primero es conquistar una verdadera democracia cognitiva que nos haga a todos y a todas sujetos con capacidad de reclamar avances y derechos.
Y para lograr una verdadera democracia cognitiva necesitamos involucrar a todos los agentes públicos en el derecho a comprender.
Las Administraciones Públicas deben asumir su papel en el camino para reducir las desigualdades y abrirse al público.
Es importante que asuman el paradigma del derecho a comprender y dejemos de lado el supuesto rigor de un lenguaje técnico para el ejercicio de derechos, porque los derechos son patrimonio universal de todos y todas las ciudadanas.
