Si nos comunicamos para entendernos, ¿por qué usamos un lenguaje tan técnico e inaccesible para el ejercicio de derechos?
El principal objetivo de la comunicación es que la información que traslada la persona emisora sea comprendida, en los términos deseados por esta, por la persona receptora. Para ello, el lenguaje es una pieza fundamental.
En muchos ámbitos técnicos y especializados, el desarrollo de debates y teoremas en espacios cerrados compartidos por personas de similar formación genera jergas específicas difícilmente comprensibles por personas que son ajenas a estos espacios especializados.
Desgraciadamente, el ámbito del Derecho es uno de los ejemplos más claros de esta tendencia. Pero a diferencia de lo que podría pasar con las jergas propias del mundo de la Arquitectura o la Ingeniería, en el mundo de lo jurídico es donde se desarrollan nuestras relaciones con la Administración Pública.
Los códigos especializados del Derecho acaban siendo imprescindibles para que la ciudadanía ejerza sus derechos y cumpla con sus obligaciones.
En este sentido, existe legislación que invierte la responsabilidad y ordena a la Administración a comunicarse de una forma comprensible para la ciudadanía. Así, por ejemplo, nos encontramos con la propia Ley 19/2013 de Transparencia Pública que indica que tanto la Publicidad Activa como el derecho de Acceso a la Información que tiene la ciudadanía no están completos hasta que la información que se traslade sea comprensible.
Adoptar un lenguaje jurídico claro no es solo cuestión de cumplir con la Ley, sino que ofrece muchísimos beneficios que revierten en la propia Administración y en el conjunto de la ciudadanía.
Así, emplear un lenguaje jurídico sencillo ayuda a:
- Que el mensaje sea más efectivo y genere mayor impacto. El impacto del mensaje será mayor si utiliza un lenguaje comprensible porque resultará accesible y es preferido por su lector o escuchante.
- Ofrecer seguridad frente a ambigüedad. Hay seguridad en la comprensión cuando no hay varias posibles interpretaciones, en especial, malas interpretaciones que induzcan a error.
- Localizar mejor la información.
- Reducir costes y tiempo evitando conflictos. Explicar con claridad lo que queremos trasladar desde el primer momento nos ahorra tiempo, dinero y energías.
- Reducir la discrecionalidad, impulsar la Transparencia y reforzar la democracia.
- Generar confianza. El cumplimiento de las obligaciones ciudadanas será consecuencia directa de la generación de confianza en las instituciones.
