Para lograr la sostenibilidad social y ambiental necesarias para la vida en 2030, los #ODS nos animan a trabajar para lograr una producción y un consumo responsables.
Y esto es capital. Nos estamos acostumbrando a ver nuestros entornos naturales y animales invadidos por el plástico y los deshechos.
Es importante pensar en el impacto ambiental que tiene la producción industrial, así como los efectos del consumo en nuestro entorno por el abuso del plástico y de los productos hechos para ser desechados al instante.
Pero otro de los grandes debates que encontramos en el mundo de la producción, y sobre todo, del consumo es la relación que existe entre las personas consumidoras y las productoras.
Los contratos con condiciones generales interminables e ilegibles se han convertido en uno de los símbolos que más identifican nuestra época.
Un consumo responsable no solo interpela a las personas consumidoras, sino que debería interpelar a las grandes empresas productoras. Las personas deben saber lo que están adquiriendo y en las condiciones reales en las que lo hacen, y esto no es responsabilidad suya, sino de quién quiere ofrecer su producto en el mercado.
Esta dinámica oscurantista actual es muy perjudicial para el tráfico jurídico. Escándalos de consumo con el de las preferentes solo amplifican un problema muy real que genera inseguridad entre los consumidores y desincentiva el tráfico comercial.
Este camino ya lo empezó a recorrer hace unos años la Unión Europea, y a golpe de Directiva, hemos ido ampliando la legislación que protege a los consumidores. Pero, ¿es esto suficiente?
Estas normas imponen cada vez más deberes de información a cargo de los empresarios, el FEIN o el FiAE son formularios habituales ya en la práctica hipotecaria. Estos documentos estandarizan y condensan la información que las entidades bancarias están obligadas por ley a proporcionar a sus clientes.
Pero ya lo ha dicho el propio Tribunal Supremo: el empleo de estos formularios no garantiza que los consumidores estén entendiendo todo lo que están firmando.
Es el momento de que el legislador y las empresas sigan buscando soluciones, algunas las tienen muy cerca. Por ejemplo, el lenguaje claro.
Esta técnica nos podría ayudar a garantizar un consumo responsable, a garantizar que las personas saben lo que compran y las condiciones en las que lo compran.
Para caminar hacia un 2030 mejor, necesitamos una producción y un consumo responsables con el entorno, pero también con las personas. Necesitamos información comprensible sobre los productos para fomentar la seguridad jurídica y un consumo satisfactorio.
